El Curriculum Educativo Institucional Contextualizado

            En la escena contemporánea actual, los marcados índices de rendimiento y sustentabilidad de las diversas organizaciones que componen lo social, exigen que, uno de los sectores más predominantes en el desarrollo de la comunidad, a saber, la escuela, actualice su funcionamiento, agilice su operatividad y, principalmente, se posicione como eje de intercambio, como plataforma de diálogo permanente con la comunidad.

            A la luz de estos nuevos requerimientos sociales, las nuevas tendencias en Latinoamérica en lo que a políticas educativas se refiere, han apuntado al mejoramiento de los índices de accesibilidad, cobertura y, con énfasis en los últimos años, en cuanto a equidad y calidad de educación se refiere.

            Frente a esta problemática, la Gestión Pedagógica se presenta como una oportunidad que favorece la implementación de dichas políticas educativas, atendiendo a las características sociales y culturales propias de la escuela en su contexto específico/local.

            En el caso de nuestro país, a partir de los últimos años, el encargo social se ha expresado con fuerza a través de movimientos sociales que, entre otros temas, demandan explícitamente al Estado mejorar el acceso, la calidad y la equidad en educación, considerada esta como un valor y un derecho de todo ciudadano, por el cual el Estado, no solo debe velar, sino hacerse responsable.

            La educación, desde principios de los años ’60, ha intentado dar respuesta a las distintas demandas sociales, de ahí la importancia de la Gestión Pedagógica y Curricular, ya que será esta la que responderá de manera activa a las políticas de Estado. Dichas respuestas deben tener un carácter catalizador y representativo de las demandas y necesidades reales de la práctica educativa.

            En consecuencia, es necesario generar condiciones desde las políticas educativas y de las propias instituciones para una educación que posibilite un trabajo colaborativo y con interés estratégico en cada una de las dimensiones que componen los distintos centros educativos. Esto es esencial para lograr una equidad y calidad en los procesos formativos escolares, y así transformarlos en modelos de desarrollo sustentable en el tiempo y contextualizados en la sociedad del conocimiento.

a) La educación como demanda social.

            Las problemáticas de las sociedades latinoamericanas contemporáneas, devenidas de la configuración de un mundo signado por los lineamientos ideológicos de la economía de libre mercado, han repercutido, por ejemplo, en profundas fracturas entre las instancias de representación política -llámese Estado- y las necesidades y/o requerimientos comunitarios. Tales requerimientos, derivados en gran medida a partir de la desigual distribución de los ingresos en la región, dicen relación con cuestiones relativas al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes: trabajo, salud, vivienda, educación, entre otros.

Las profundas transformaciones económicas que se viven en la actualidad en todos los confines de la Tierra tienen su origen en los procesos de globalización que se verifican como resultado de: la revolución tecnológica (robótica, biotecnología, tecnología de la información, nuevos materiales); la apertura comercial y la desregulación financiera; la organización de la producción a escala mundial, por citar los principales rasgos que definen y configuran el nuevo orden económico mundial.^[1]

            Los procesos alojados en la sociedad actual, demandan de la educación dinámicas formativas que aseguren el desarrollo integral del estudiante. Las lógicas aludidas persiguen la instalación de parámetros analíticos y críticos relativos a la consideración del entorno del estudiante como un entramado multisignificante, que necesariamente debe ser “leído”- interpretado.

Al permitir que todos tengan acceso al conocimiento, la educación tiene un papel muy concreto que desempeñar en la realización de esta tarea universal: ayudar a comprender el mundo y a comprender al otro, para así comprenderse mejor a sí mismo.^[2]

            Este carácter multisignificante, entonces, es el que se debe reproducir en el espacio del aula, a fin de asegurar un temprano proceso de relaciones con las dinámicas que orientan el decurso del mundo contemporáneo, promoviendo y facilitando la apropiación de pautas de interacción social, favoreciendo así la construcción de su propia comunidad.

            En este escenario, la tarea docente debe estar orientada a generar instancias de aprendizaje que apunten a la configuración de habilidades y destrezas comunicativas, sociales y culturales.

            En Chile, las fracturas representacionales -antes mencionadas- han desencadenado el levantamiento de movimientos sociales articulados por la masificación del descontento, fundamentados en una cooperatividad intrínseca de quienes se sienten afectados por el funcionar del sistema en el cual se insertan. Dichos movimientos, hoy cada vez más organizados, exigen y sientan las bases de la discusión política, social y educativa de la agenda gubernamental de los últimos años.

            En este sentido, la sociedad, enfrentada al decurso vertiginoso de la historia global de las últimas décadas, comprende, valora y demanda de forma inédita un espacio efectivo de participación en las decisiones y lineamientos políticos, con miras a rearticular la figura de la comunidad, instancia que ha sido progresivamente diezmada a manos del desarrollo incesante del capitalismo actual.

            Esto último ha significado, por ejemplo, el establecimiento de mesas de trabajo conjunto entre representantes del gobierno y líderes sociales, como una forma de alterar las vías por las cuales ha circulado el programa político, al menos, de la última década.

             Los actores sociales -más que nunca considerados sujetos de acción- han manifestado una profunda preocupación por temas específicos referidos al acceso, calidad y equidad en educación, considerada esta como una contribución efectiva al desarrollo personal y, por ende, social de la comunidad y del país.

[…]conforme a la idea fundacional que se basa en la esperanza de un mundo mejor, capaz de respetar los derechos del hombre y la mujer, practicar el entendimiento mutuo y hacer del progreso del conocimiento un instrumento de promoción del género humano, no de discriminación .^[3]

            La educación, considerada, no como un bien de consumo, sino como un bien público, entendido como capital cultural adquirido que aportaría principalmente a la disminución de la desigualdad social, mencionada anteriormente.

            Bajo el parámetro de la educación como un bien público, una de las críticas centrales en el Chile actual, es que como tal no puede estar sujeta a las regulaciones económicas del sistema, “la educación constituye un bien colectivo que no puede regularse mediante el simple funcionamiento del mercado”^[4], pues este no asegura las condiciones de calidad y equidad demandadas por la sociedad.

            La educación expuesta y determinada por las lógicas del mercado, emerge como una instancia de reproducción del ordenamiento social actual: se reproduce la distancia entre un determinado encasillamiento social y el precepto humanitario que plantea como derecho inalienable del sujeto moderno, el acceso equitativo e igualitario a las dinámicas educacionales que le proporcionan las herramientas necesarias para la cuidada y provechosa inserción en la sociedad.

b) Políticas educativas en Chile.

            Con la vuelta a la democracia en 1990 se han venido aplicando políticas educativas que, en algunos casos, dan respuesta al encargo social que el país exige. Estas políticas surgen por medio del diálogo de estamentos sociales que presionan al gobierno de turno, promoviendo nuevas políticas que se harán cargo de esas presiones sociales, así ocurrió efectivamente en el año 2006[5], cuando se manifestaron masivamente los estudiantes de todo el país por mejoras en el sistema educativo.

            Las demandas de los estudiantes en el año 2006, tienen directa relación con una política de Estado poco vinculada con la realidad y las necesidades de la sociedad, es decir,  una educación de calidad, gratuita y dependiente del Estado, es más, durante la década del ‘90, aún las directrices del Curriculum nacional estaban amparadas en la LOCE[6], ley construida en un contexto sociopolítico totalmente distinto al que se vive después de 1990.

            A la luz de las demandas que la sociedad exigía con fuerza, en el año 2007  la Presidenta Michelle Bachelet hace entrega de un proyecto de ley al Congreso, con el fin de cambiar la LOCE y así poder promulgar otra ley que diera respuesta a las demandas sociales, esta es  la Ley General de Educación (LGE). Este nuevo marco legal apuntaba a asegurar la calidad e igualdad en educación, y no solo poner énfasis en la cobertura como se estipulaba en años y gobiernos anteriores.

            Otro elemento fundamental, en palabras de la propia mandataria[7] es la sustitución del concepto de “Enseñanza” por “Educación”,  ya que era necesaria  la adopción de un concepto más amplio y actualizado, que implicara, por una parte, la idea de formación de personas, a partir de apoyar y encauzar positivamente su desarrollo integral y, por otra, implicara la valoración del concepto de aprendizaje, que es central y constitutivo de la educación[8].

            A partir, entonces del año 2007, Chile cuenta con una nueva propuesta curricular, donde cada estamento o institución que eduque, deberá considerar las intenciones curriculares presentes en la LGE, considerando también  orientaciones de organismos internacionales como la ONU[9] o la OCDE[10], este último es importante para la comparación con otras naciones, por ejemplo, mediante los resultados de la prueba PISA[11].

            Cristián Cox en “Las políticas Educacionales de Chile en las últimas dos décadas del siglo XX”[12], realiza un cuadro comparativo de los ámbitos que involucran el conjunto de políticas implementadas por los gobiernos de turno. Cox lo resume en tres ámbitos, el primero lo denomina “Condiciones políticas, financieras y laborales”, en este se define el marco de funcionamiento del sistema escolar. Lo destacable de este primer ámbito es el nivel de acuerdo que logran los distintos gobiernos para la aprobación, por ejemplo, de la inyección de recursos, los cuales van en ayuda de un sistema que a principios de los años ‘90 se encontraba en un franco desfinanciamiento.

            El segundo ámbito, “Programas de mejoramiento y renovación pedagógica”, es el de las intervenciones dirigidas a mejorar la calidad y equidad de los aprendizajes. Este ámbito es el de mayor consenso entre los actores políticos y permite una rápida implementación.

            En el tercer ámbito, “Reforma del curriculum y la jornada escolar”, se incluyen políticas referidas a la calidad de los aprendizajes, pero a diferencia de los programas de mejoramiento, son obligatorios para el conjunto del sistema. Se trata fundamentalmente de dos reformas: el cambio de la jornada escolar completa (1997) y el cambio del curriculum (1996).

            Por lo tanto, la gran mayoría de las políticas educativas chilenas en los últimos veinte años apuntaron a la cobertura, refinanciamiento y capacitación docente, dejando de lado los elementos curriculares que le dieran al país un Curriculum nacional que orientara los procesos educativos en todo nivel, solo en los últimos cuatro años se ha empezado a dialogar sobre los conceptos de equidad y calidad, conceptos que hoy en día, no están del todo presentes en el sistema educacional chileno.

            En el actual marco legal, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el instrumento que permite ordenar las instituciones Educativas. En él se plasma el marco teórico bajo el cual nacen los objetivos pedagógicos, la Visión de la Institución. Es decir, la propuesta a futuro. También se explícita la Misión, que es el propósito general del establecimiento educacional.

Es un instrumento técnico y político que orienta el quehacer del establecimiento escolar, explicitando su propuesta educacional y especificando los medios que se pondrán en marcha para realizarla.^[13]

            El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es entonces el instrumento que orienta todos los procesos que ocurren en un establecimiento educacional, clarifica a los actores las metas de mejoramiento, da sentido y racionalidad a la gestión para el mediano o largo plazo, permite la toma de decisiones pedagógicas y curriculares, articula los proyectos y acciones innovadoras en torno al aprendizaje y la formación de los alumnos, en resumen, ordena las grandes tareas en torno a objetivos compartidos.^[14]

            Es necesario señalar que el PEI, además de ser un documento político necesario y obligatorio en cada una de las instituciones educativas, debe expresar y dar respuesta a los requerimientos de la comunidad. Sin embargo, actualmente dicho documento no da cumplimiento a tales requerimientos. Es aquí entonces, donde emerge la necesidad de construir un Curriculum Educativo Institucional que responda a dichas inquietudes y requerimientos.

            Las Bases Curriculares de nuestro país cumplen la labor de ser el modelo para los establecimientos educativos que deseen elaborar sus propios programas a lo largo de todo el territorio nacional. La característica principal de las bases es que son flexibles y permiten adaptarse a las numerosas realidades educativas en los diversos contextos sociales, económicos, territoriales y religiosos de nuestro país.

Estas múltiples realidades dan origen a una diversidad de aproximaciones curriculares, didácticas, metodológicas y organizacionales, que se expresan en el desarrollo de distintos proyectos educativos, todas válidas mientras permitan el logro de los Objetivos de Aprendizaje. Por ello, dado el rol que cumplen las Bases Curriculares y su escala nacional, no corresponde que estas prescriban didácticas específicas que limiten la diversidad de enfoques educacionales que pueden expresarse en los establecimientos de nuestro país.[15]

            Las instituciones educativas son los principales organismos llamados a cumplir el rol fundamental y decisivo de diseñar un proyecto curricular propio que dé respuesta a los requerimientos de su comunidad local y de la sociedad global.

            A partir de lo anterior, entendemos el curriculum como una interpretación social. Garcia Ruso (1997) señala que el curriculum debe ser entendido como una “construcción histórica, social y cultural, debe permitir enfocar y organizar la praxis educativa […] debe entenderse como un proceso continuo de relación reflexiva-critica, bidireccional entre la teoría y la práctica, enmarcado en un contexto histórico, social y político” [16]

            Por otro lado, el curriculum se presenta como la construcción realizada por sujetos cuya plataforma son las relaciones sociales que ellos establecen. Por lo tanto es una construcción dinámica que cambia constantemente. [17]

            De igual forma, es importante mencionar que actualmente la Agencia de Calidad de Educación es la institución encargada de evaluar a los establecimientos educativos en término de logros de los estudiantes y de la gestión de escuelas y liceos.

         Por lo tanto, un curriculum es precisamente la “brujula” que va a marcar los destinos del centro educativo, pero que no nace de aspectos antojadisos, ni de sus directivos, ni profesores, […] En ninguno de los dos casos, el curriculum nace a partir de aspectos meramente teóricos o sobre bases de apreciaciones personales; la base de un curriculum se funda sobre un levantamiento diagnóstico y una participación activa de la escuela en todo su contexto. [18]

            La forma de categorizar las diversas instituciones no solo estará asociada a logros y al éxito académico. Por lo tanto, es importante que el curriculum propio de cada institución pueda tener una efectiva realización en cuanto a liderazgo educativo, gestión pedagógica, gestión de recursos humanos y financieros, gestión de la convivencia escolar y la formación de alumnos en relación con su propio proyecto educativo en una forma integral.[19]

            Es de esta forma entonces como la realidad local y colaborativa pasa a ser parte fundamental en la creación de un Curriculum Educativo Institucional para dar dar respuesta a las interrogantes existentes.

c) Liderazgo.

            Primero que todo tenemos que especificar la diferencia entre ser líder (condición del ser) y ejercer liderazgo (condición del hacer), por lo tanto, bajo esta definición, “ejercer liderazgo” en una organización es una tarea compleja, ya que entra en juego la capacidad del líder para innovar en el trabajo mental del grupo al cual lidera[20].

            Para cumplir dicha tarea, el líder de una organización debe hacerse cargo de  componentes para el cambio, estos componentes lograrán cumplir con los objetivos planteados en un estado inicial por los miembros de una institución.

            El primer componente para el cambio es la construcción, por parte del líder, de una visión compartida o futuro deseado. Esta visión, debe estar basada en la discusión, socialización y validación por los miembros de una comunidad determinada, y es función del líder articular esta visión utilizando su capacidad de comandar un proceso de cambio.

            El segundo componente que depende exclusivamente del líder es la ideología esencial de una institución, en palabras simples, es el cambio de cultura, es decir,   cambio de creencias, actitudes y sentimientos, todo esto para crear, junto con la comunidad, una nueva cultura institucional que se condiga con la visión en conjunto previamente consensuada.

            El tercer y último componente que depende del líder de una organización, es hacer de ésta una institución inteligente, es decir, que exista “un aprendizaje institucional”, donde cada miembro que integre esta organización aprenda a pensar estratégicamente en vistas del logro de los objetivos y/o  metas planteadas para el corto, mediano y largo plazo, por lo tanto, ejercer liderazgo organizacionalmente debe ser, necesariamente, mediante una gestión estratégica, ya que debe lograr una transformación cultural dentro de una institución para dar cumplimiento a los objetivos planteados inicialmente, y para ello el líder debe considerar otros componentes, propios de la gestión, tales como la contextualización, la innovación, la planificación estratégica, entre otros .

            Ahora bien, se  necesitan líderes con ciertas competencias básicas para transformar la escuela, es decir, debe ser un liderazgo transformacional para  que  el  currículum se  viva y  sea  perceptible por la comunidad educativa[21], que se base en el respeto a la labor de los distintos actores educativos, para que los nuevos desafíos no sean impuestos de manera autoritaria, como ha sido la tónica hasta ahora, sino que sean debatidos, democráticos y con absoluta participación de los docentes, esto lleva también  implícita la capacidad de fomentar la participación en las decisiones y retos, ayudando a crear una nueva organización que se base en el proceso de aprendizaje enseñanza. Necesita, también, ser un comunicador y catalizador, para que el currículum se analice y además se evalúe. Además debe ser autocrítico, crítico-creativo y consecuente, puesto que para llevar a cabo los procesos centrados en el aprendizaje se necesita de una gran creatividad para innovar, para planificar y ejecutar. Cada profesor debe sentirse inspirado en su actuar, debe estar convencido y a la vez ser una persona que sea capaz de promover los valores institucionales y  humanos.

d) Diversidad estudiantil.

            La principal aspiración de todo centro educativo, debe ser desarrollar la capacidad institucional para lograr la participación y máximo aprendizaje de todos sus estudiantes. Ello requiere, no solo compartir los principios de la inclusión y valorar la diversidad como oportunidad para el aprendizaje, sino sobretodo actuar en consecuencia llevando a la práctica estos planteamientos tanto dentro como fuera del aula.

            Es más, una de las “amenazas” que han visto las instituciones escolares  en los últimos años, es la diversidad, y la han intentado uniformar, regular y atomizar mediante variadas estrategias, tales como el uniforme escolar, manuales de convivencia que no consideran las diferencias que hoy están presentes en la sociedad, reglamentos descontextualizados a la realidad de cada estudiante y una cultura escolar altamente punitiva.

            Lo anterior responde, en muchos casos, a la ausencia de un Curriculum Educativo Institucional que consideren la realidad de cada estudiante y del resto de los miembros de la institución. Para ello, lo primero que debe desarrollar y promover una institución educativa es una nueva cultura escolar, ya que esta es uno de los principales soportes sobre el que se apoyan las prácticas de atención a la diversidad[22].

            Los valores, las normas, las concepciones y modelos de aprendizaje, las actitudes, las relaciones, las expectativas, la participación y comunicación de todos los miembros de la comunidad educativa, entre otros, son elementos fundamentales sobre los cuales las escuelas deben reflexionar, autoevaluarse y desarrollar acciones que promuevan la construcción de una cultura escolar inclusiva, la plena participación y la no discriminación. Esto se visualiza en los siguientes elementos indicativos:

§        La comunidad educativa reconoce y valora la diversidad y promueve actitudes positivas hacia las diferencias de todo tipo. Todos los estudiantes y sus familias son igualmente valorados, acogidos y apoyados y se intencionan acciones para favorecer la integración y participación de los estudiantes.

§        La comunidad educativa reconoce que las interacciones y las formas de enseñar tienen una importante influencia en el aprendizaje de los estudiantes. Los docentes tienen altas expectativas sobre las capacidades de aprendizaje de todos los estudiantes y valoran el esfuerzo y los resultados de aprendizaje de cada uno de ellos.

§        La comunidad educativa trabaja sostenidamente para generar un clima que favorece el aprendizaje y las relaciones interpersonales. Las normas de convivencia se definen de forma participativa y son respetadas por los distintos estamentos e individuos de la escuela.

§        Se generan instancias para promover el trabajo colaborativo entre los docentes y entre estos y los profesionales de apoyo para compartir sus experiencias y trabajar en equipo. Se integra a las familias en el proceso educativo de sus hijos aprovechando las potencialidades y recursos de estas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes[23].